[Editorial de Helsingin Sanomat del viernes 2 de agosto 2013. El original en finés está disponible aquí.]
El Banco Central Europeo (BCE) es conocido por su contenida política de publicación interna [es decir, por la poca transparencia que impone a la institución; un privilegio que está protegido por ley]. El Presidente del BCE informa de las decisiones de la entidad, pero las conversaciones de las reuniones directivas son secretas durante treinta años.
El
funcionamiento puede cambiar incluso en este mismo año, si es lo
correcto. Los ciudadanos de los países del euro y los mercados
necesitan información fresca sobre el contexto de las decisiones del
banco.
El
miembro francés del equipo directivo, Benoît Coeuré expuso
recientemente en una entrevista su opinión de que los documentos de
las reuniones de la entidad se deberían publicar. Lo mismo ha
exigido el miembro alemán, Jörn Asmussen. También se conoce que el
Presidente del BCE, Mario Draghi, no es contrario a un aumento de la
transparencia.
El
que tuvo la iniciativa en esta cuestión fue el Presidente del Banco
de Finlandia, Erkki Liikanen, quien propuso ya el pasado otoño que
las actas de las reuniones del BCE se hicieran públicas más
rápidamente que en la actualidad. Liikanen pertenece al equipo
directivo del BCE, que decide sobre la política monetaria y los
tipos de interés.
Cuando
del BCE fue fundado en 1998, se quiso proteger a la institución de
las posibles presiones nacionales y por ello se estableció un largo
periodo en el que las actas de la institución son secretas.
Ahora
el BCE ha consolidado su posición y ya no existe la misma necesidad
de mantener en secreto las actas. Ahora se necesita publicidad:
acceso público a sus decisiones.
El
BCE es responsable [accountable]
de sus decisiones, así que los ciudadanos, los directores de empresa
y los gobernantes de los países de la zona euro tienen que poder
evaluar el transfondo e implicaciones de sus decisiones.
Más
presiones para el cambio impone la unión bancaria. El importante
papel del BCE como controlador bancario presupone que se debe poder
obtener información sobre la suspensión de bancos. Esto por
supuesto no significaría la publicación de la información
comercial sereta de los bancos.
La
publicación de las actas rápidamente tras las reuniones de la
dirección del BCE tampoco debería obligar a que las posiciones de
los miembros de la dirección del BCE se publicasen bajo su nombre;
publicando las posiciones pero no los nombres se evitaría un teatro
en el que los intereses nacionales pasasen a pesar más que los de la
zona euro.
No
debería, sin embargo, haber ningún obstáculo para que las
votaciones se publicasen con nombres y apellidos y que las posiciones
y argumentos de aquellos miembros que discrepasen de las decisiones
apoyadas por la mayoría de los miembros se hiciesen públicas. De
tal forma los ciudadanos obtendrían una imagen más clara de las
diferencias de puntos de vista y de sus causas.
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